En la iniciativa, se solicita además incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social, para que financien programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad. Además, se propone complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas.
Para ello, se propone destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
En la exposición de motivos, el Grupo Socialista argumenta que el alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas, ya que el riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción.
Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno central se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social en nuestro país.
El Grupo Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor. Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el punto siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España, le pide que “tome medidas específicas para combatir la pobreza”.
En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral.
En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente.
Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el apoyo presupuestario del Estado par que, junto con las Comunidades Autónomas, se pueda hacer frente al incremento de esta demanda siendo necesario, además, que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí sólo no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real.
